Por ello, UGT pide que la cancelación de esos préstamos, en su opinión "indebidamente imputados a la Seguridad Social para encubrir el déficit público", no se haga con cargo a los recursos de la Seguridad Social, sino del Estado, que es quien ha creado el problema.

Así lo señalan en una circular interna los dirigentes de UGT Toni Ferrer y Jesús Pérez, en la que iforman al sindicato de la posición de UGT ante el dictamen del Consejo Económico y Social (CES) sobre préstamos a la Seguridad Social, después de que CCOO y CEOE pactaron un voto particular al dictamen tras la aprobación del mismo para ampliar hasta 2012 el plazo de devolución al Estado de dos préstamos que vencían en 2004.

Para UGT, que califica de "incoherente" la actitud de CCOO y CEOE, la decisión de prorrogar otros diez años el plazo para cancelar estos dos créditos, cuyo importe asciende a casi .760 millones de euros, es una solución que desplaza el problema otros diez años, pero no lo resuelve.

UGT rechaza de plano un posible escenario en el que dentro de diez años la Seguridad Social se vea obligada a pagar unos préstamos que, a su juicio, se hicieron para saldar obligaciones de naturaleza no contributiva que eran responsabilidad del Estado, por lo que considera que los préstamos del Estado a la Seguridad Social deben ser condonados.

Según la central que lidera Cándido Méndez, la Seguidad Social en 2004 y años sucesivos, de consagrarse la tesis del Gobierno de que los préstamos sean devueltos, debería hacer frente al pago de un total de 2,77 billones de las antiguas pesetas, problema que momentaneamente se salva ampliando el plazo para su devolución, como se propone en el anteproyecto de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 2004.