Según explicó UGT-Madrid, se pretende remediar la falta de medios con medidas improvisadas que, en su opinión, no va a solventar lo que es ya un grave escándalo: la imposibilidad de afrontar la situación de unos 800 menores, preventivos y penados, que deberían beneficiarse de los contenidos de esta ley.

Asimismo, UGT-Madrid rechazó "rotundamente" que una empresa privada pase a gestionar l antiguo Centro de San Vicente, "reconvertido a marchas forzadas en un reformatorio, lo que su pone una vuelta de tuerca más en la deriva privatizadora y de deterioro de los servicios públicos, en la que el Gobierno regional está embarcado".