En un comunicado, UGT señala que debe ser la Inspección de Trabajo la que ataje el fraude y los ausos de la temporalidad, "no lesionando los derechos de los trabajadores".

El sindicato que lidera Cándido Méndez señala que durante la negociación para la reforma de la Ley Básica de Empleo y del sistema de prestaciones por desempleo defenderá la mejora de las ayudas, con el fin de conseguir una equivalencia más justa entre cotización y duración de la prestación.

UGT también perseguirá alcanzar un sistema de financiación estable, ya que tanto las prestaciones como las políticas activas de empleose financian casi exclusivamente a través de cotizaciones sociales. En opinión del sindicato, la aportación del Estado a los presupuestos del Inem debería rondar los 550.000 millones de pesetas, que serviría tanto para mejorar el nivel de protección como para crear un fondo de reserva.

El sindicato critica que el Gobierno utilice las aportaciones procedentes de cotizaciones sociales a equilibrar otras partidas presupuestarias y alcanzar el "famoso" déficit cero, a costa de "lesionar los derechos a la rotección de los trabajadores más necesitados".

UGT aboga por revisar, durante la negociación, los requisitos de acceso al subsidio, elevando el límite de renta real disponible hasta el 100% del Salario Mínimo Interprofesional y sustituyendo el concepto de "carga familiar" por el de "unidad familiar".

Además, pretende extender el subsidio a las personas desempleadas con cargas familiares y a los mayores de 45 años mientras se mantenga la situación de desempleo, combinando la prestación con medida que mejoren sus posibilidades de acceso al empleo. Por último, quieren establecer el desempleo contributivo para los trabajadores eventuales agrarios.