“El acceso a la formación y el reciclaje profesional continuo es esencial en las transiciones digital y ecológica. La mejora de las competencias no debe depender exclusivamente de la responsabilidad individual de las personas trabajadoras, sino que debe ser un derecho garantizado por normativas claras y exigencias a las empresas”, sostuvo el sindicato.

De esta forma, UGT exigió que la formación profesional, incluyendo competencias digitales y en inteligencia artificial, sea un derecho garantizado por ley y convenios colectivos, pues la Comisión Europea “no puede ignorar” el Pilar Europeo de Derechos Sociales ni la Directiva sobre Condiciones de Trabajo Transparentes y Previsibles.

“En esta línea, el Comité Económico y Social Europeo (CESE), en su dictamen sobre "Desarrollo de competencias y aptitudes en un contexto de transición ecológica y digital", del cual UGT ejerció como ponente, defiende que el acceso a una cualificación completa ante estos retos tiene que ser un verdadero derecho para todas las personas, formación validada, y certificada en habilidades digitales, ecológicas y sostenibilidad.

Para ello, UGT piensa que es necesario vincular la formación en competencias con un permiso de formación retribuido para la formación en el puesto de trabajo y en horario laboral, certificada y acreditada.

“Con 128 millones de personas adultas en Europa necesitadas de mejora de competencias, las empresas deben asumir su responsabilidad en la capacitación de sus plantillas. Cualquier incentivo financiero debe estar condicionado al respeto de la negociación colectiva y los derechos laborales”, concretó UGT.

Además, subrayó que la Comisión debe priorizar la creación de “empleos de calidad con salarios justos y condiciones dignas, en lugar de centrarse únicamente en la competitividad”. La formación debe incluir capacitación en derechos laborales, valores democráticos y lucha contra la desinformación.

“La Comisión Europea debe avanzar hacia medidas vinculantes, incluyendo una Directiva de Transición Justa que garantice el acceso a la formación en condiciones dignas. La formación es una inversión en las personas y la sociedad, no un coste a minimizar y, por tanto, debe ser accesible, gratuita y dentro de la jornada laboral. Del mismo modo, debe contar con la participación activa de los sindicatos en su diseño e implementación”, enfatizó.