A juicio del sindicato, se trata de actuaciones que “atentan contra el diálogo social, el derecho a la negociación colectiva y a la libertad sindical”. Al respecto, explicó que, en virtud de estos derechos fundamentales, reconocidos en la Constitución y el Derecho Internacional, los sindicatos y las asociaciones de empresarios han desarrollado mecanismos de solución autónoma de conflictos en todas las comunidades autónomas y a nivel nacional.

Sin embargo, UGT alertó de que “algunos responsables políticos de comunidades autónomas han comenzado una campaña de acoso a estos organismos y a los institutos y fundaciones que ejecutan las competencias en materia de mediación y arbitraje, que, como se ha indicado, son un desarrollo de una competencia estatal”.

En este sentido, reprobó que Castilla y León ha reducido la financiación del Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla) “de forma tan radical que pone en riesgo su propia existencia”. Al hilo, el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, denunció que “el Serla está amenazado de muerte en función de las políticas contrarias al diálogo social que se hacen por parte del Gobierno regional”.

En este contexto, exigió al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que “antes de oponerse a leyes que aún no están, se oponga y adopte las medidas oportunas para recuperar el diálogo social y para respetar el artículo 7 de la Constitución y el resto de los artículos que protegen el diálogo social, la negociación colectiva y el valor de los sindicatos”.

Otros ejemplos de conducta anticonstitucional sobre los que UGT también ha presentado queja ante el Defensor del Pueblo son los llamamientos a la reducción considerable de subvenciones a sindicatos y patronal recogidos en los acuerdos de Gobierno del PP y Vox en Extremadura y Murcia.

Ante todas estas actuaciones, UGT solicitó al Defensor del Pueblo que advierta a los gobiernos autonómicos, en general, “de su obligación de revertir todas las decisiones que pongan en riesgo la actuación de las organizaciones sindicales, impidiéndoles el desarrollo de las funciones que constitucionalmente tienen encomendadas”. En particular, el sindicato reclama a la institución dirigida por Ángel Gabilondo que pida el cese de toda conducta que ponga en riesgo el ejercicio de los instrumentos de mediación y arbitraje diseñados por los agentes sociales.

“Dichas conductas son contrarias a la Constitución, vulneran la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva, el diálogo social y la competencia exclusiva del Estado en materia laboral”, añadió. También le instó a que recomiende que no adopten ninguna decisión que pueda “impedir o lesionar los instrumentos de solución autónoma de conflictos”.