Además, el sindicato resaltó que un 42% de los contratos en los que sí se especifica la fecha de conclusión "acaban antes de pasar un mes" y que un 26,4% de los trabajadores temporales tienen contratos de menos de 7 días.

Esta situación de "permanente incertidumbre" afecta especialmente a los trabajadores de la construcción yde la agricultura, cuyo número de contratos temporales de duración indefinida se cifra en el 77% y el 38% respectivamente, tal y como revelan los datos recogidos por el Instituto Nacional de Empleo (INEM) el pasado mes de julio.

En el caso de la agricultura, el 38% de todos los contratos temporales no fija fecha límite de conclusión y el 87% de los que lo hacen sitúan el fin del contrato antes de un mes a partir de su firma. En la construcción el 77% de todos los contratos temporales son de duración indeterminada y el 25% de los restantes son de menos de un mes de duración. La industria, por el contrario, es el sector en el que se registran menores grados de rotación por ambas vías

Además, UGT recordó que la tasa de temporalidad española "triplica la media europea" (durante el pasado es de julio se registraron 1.453.933 contratos temporales) y denunció que la duración de los contratos es mínima y sirve para que los empresarios dispongan "de un margen desmedido y unilateral" de negociación de tiempo y claúsulas de contrato, lo que según los sindicalistas "provoca no sólo inseguridad para el trabajador sino ineficacia económica".

INSEGURIDAD JURÍDICA

Tal y como aseguraron fuentes del sindicato, "la inseguridad jurídica que implica esta situación introduce un alto grado de ineficiencia económica y aleja a nuestro país de los objetivos de un desarrollo socioeconómico equilibrado".

Desde UGT explicaron que con contratos laborales de menos de un mes es "imposible adquirir una capacitación mínima" en el puesto de trabajo, con lo que se dificulta "el necesario compromiso entre empresarios y trabajadores por ofrecer productos y servicios de calidad".

Para "erradicar esta lacra" UGT apuesta por la creación de un sistema de incentivos a la formación que premie la permanencia en el puesto de trabajo y penalice los despidos abusivos y el uso fraudulento de la contratación temporal; incrementar recursos técnicos y humanos de la Inspección Laboral, y establecer mecanismos legales que favorezcan la contratación indefinida y restrinjan el ámbito de la temporalidad a la estricta causalidad.