Julio Lacuerda, secretario general de esta federación de UGT, declaró hoy que "esta medida hace presagiar otras de igual calado social encaminadas a desmantelar los serviciospúblicos prestados al ciudadano".

Para Lacuerda, la ruptura explícita del Gobierno del acuerdo Administración-sindicatos para el periodo 1995-97 abre una etapa de incertidumbre que obliga al conjunto de trabajadores de las administraciones públicas a "cerrar filas y contestar a esta agresión con contundencia".

Tanto UGT como CCOO han anunciado hoy la puesta en marcha para septiembre de una campaña de información en los centros de trabajo para explicar a los trabajadores la repercusión de la medid tomada. Tras esta campaña y la reunión que la mesa general de la función pública tiene previsto realizar el 15 de septiembre, las organizaciones sindicales no dudan que los propios empleados públicos reclamen la adopción de medidas de presión concretas.

La Federación de Servicios Públicos de UGT exige al Gobierno que valore las consecuencias de la decisión tomada, "ya que el daño que se va a causar a más de 2 millones de trabajadores y a la propia economía del Estado es muy superior a los beneficios ue pudiera acarrear".