El sindicato que lidera Cándido Méndez, junto a FSP-UGT y la FADSP, incide en la "precipitación y autoritarismo" de las decisiones adoptadas por Lamela en relación con el caso del hospital Severo Ochoa de Leganés.

El manifiesto se detiene en las "numerosas irregularidades que han permitido el acceso a los datos de carácter personal relacionados con la salud por personas no autorizadas", que "han provocado una crisis sin precedentes en la sanidad pública española que excede los límites de un conflicto local".

Los trabajadores de la sanidad pública han percibido las actuaciones de la Consejería de Sanidad "como una agresión injustificada", en la que se "vulnera la presunción de inocencia" y "genera indefensión" ante los responsables políticos.

Mientras, los ciudadanos se debaten "entre la desconfianza y el apoyo y reconocimiento a los profesionales sanitarios". La consecuencia inmediata de este "conflicto desproporcionado es una alarma social que puede conducir a una quiebra en la relación de confianza entre el médico y el paciente, relación fundamental para cualquier actuación sanitaria".

Por todo ello, UGT Confederal, FSP-UGT y FADSP expresan su "repulsa a los procedimientos utilizados" por el Gobierno de Esperanza Aguirre, que han ocasionado un "daño irreparable"; manifiestan su "apoyo y solidaridad" a los trabajadores del Severo Ochoa, y exigen una "investigación imparcial, rigurosa y respetuosa con los afectados para poner fin cuanto antes a la situación de alarma social que se ha ido creando y extendiendo a toda la sociedad".