La propuesta de negociación global ha sido presentada esta mañana a Ercros, ya que consideran que la negociación con la empresa no es posible por "falta de compromiso industrial, de margen financiero y de garantías de futuro para activos y pasivos" y será planteada esta tarde a los directores generales de Industria, Antonio Fernandez Segura y directora general de Trabajo, Soledad Cordova.

Los sindicatos aspiran, precisamente, a que sea l gobierno quien tome la iniciativa de conocar a todas las partes. Los secretarios generales de las Federaciones de Químicas de los dos sindicatos, Toni Ferrer e Isidor Bix han urgido al gobierno a "asumir un protagonismo que rehuye y gobernar esta situación".

Los dos sindicatos han manifestado que "se trata de llegar a un compromiso de negociación global que permita mantener todos los centros de trabajo" y llegar a un plan de viabilidad general.

La búsqueda de estas soluciones, a juicio de los ds sindicalistas, obliga a sentar a negociar al Gobierno, KIO, Ercros y Fesa-Enfersa, Comunidades Autónomas, acreedores, sindicatos y tambien Freeport.

NO ACEPTAR EXPEDIENTES

Esta negociación que los sindicatos quieren forzar revelará tambien el grado de interés que los responsables de las empresas y el propio gobierno tienen por el sector de fertilizantes español, y han denunciado que la situación actual es de "abandono del mercado".

Ferrer y Boix han rechazado las propuestas que se han realizao hasta ahora manifestando que los esquemas financieros planteados son sólo previsiones sin compromisos.

Los representantes de los sindicatos han solicitado que el gobierno no acepte los expedientes de regulación de empleo que la empresa está estudiando presentar y que podrían ampliarse de los 1.100 trabajadores que ya fueron objeto del anterior expediente, posteriormente retirado, con otros 700 trabajadores más.

El gobierno es -a jucio de los sindicatos- quien debe velar en este momento para quela empresa no asuma en este aspecto decisiones unilaterales y debe presionar, tambien en calidad de acreedor, para buscar una solución global.

Exigen tambien la aportación de 6.000 millones de pesetas para el pago de las nóminas y del funcionamiento de los centros, y 27.000 millones para dotar el Fondo de Pensiones ya que de los contrario se haría "desaparecer a los pasivos".

UGT y CC.OO han manifestado que continuará la presión sindical en todos los centros de trabajo y que si la empresa present los expedientes de regulación de empleo contestarán con la huelga general anunciada para febrero y una nueva entre los días 17 y 23 de marzo.