Se trata de un conjunto de materias sobre las que la legislación internacional elaborada en el seno del Consejo de Europa impone condiciones y garantías al sistema de relaciones laborales y que, según las organizaciones sindicales, no se están cumpliendo.

La denuncia de estos incumplimientos ha sido realizada por UGT y CCOO en un documento con alegaciones conjuntas al Informe 34º que el Gobierno de España presentó ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), en el marco del sistema de control de cumplimiento de las disposiciones de la Carta Social Europea (CSE). Este informe analiza, en todo caso, el período 2017-2020.

En relación con la jornada laboral, los sindicatos lamentan que no se está avanzando suficientemente para reducirla y que esta sea adecuada, prestando especial atención a la situación de los conductores profesionales, que “trabajan casi seis veces más por la noche, tres veces prolongan su jornada más de diez horas a la semana y trabajan dos veces más los sábados, y más de la mitad, no tienen horario fijo”.

Asimismo, la falta de un horario estable para muchos trabajadores supone, a juicio de CCOO y UGT, una vulneración del derecho al ocio, al tiempo que denuncian el aumento de la siniestralidad laboral de forma generalizada en los sectores económicos. “la jornada de trabajo en España y sobre todo su reducción paulatina en el tiempo, no es conforme con la Carta Social Europea”, inciden.

En esta línea, consideran que “se incumple el derecho a un horario de trabajo diario y semanal razonables, al atribuir a las empresas la facultad unilateral de asignar libremente el 10% de la jornada anual, como jornada irregular, sin necesidad de estar habilitada por la negociación colectiva, y sin necesidad de que concurran razones vinculadas a la organización o circunstancias productivas justificativas”.

SALARIOS

Entre las cuestiones salariales, los sindicatos lamentan que la legislación permita que los complementos salariales se vean absorbidos cuando se incrementa el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) si dicho indicador alcanza a trabajadores con pluses diferentes.

El documento de los sindicatos también denuncia la brecha salarial que sufren las mujeres con respecto a los hombres, así como la desprotección a la que en su opinión se ven sometidas las personas con contratos temporales.

Censura también que, en la práctica, casi la mitad de horas extra que se realizan en España no se pagan, una desprotección a la que están más sometidas las personas con contratos a jornada parcial.

“Es por ello que se incumple la Carta, no sólo por la ausencia de remuneración o compensación adicional en las horas extras, sino por no otorgar el mismo tratamiento a los excesos de jornada que realizan las personas con contrato a tiempo parcial, mayoritariamente mujeres, que se realizan bajo la fórmula de horas complementarias, y que no establecen además límites adecuados que impidan la realización de horas extraordinarias fraudulentas que vulneran otros derechos de las personas trabajadoras, con graves consecuencias para su salud, el tiempo de descanso y de ocio y la falta adecuada de cotización y abono de las mismas”, señala el escrito.

De igual modo, los sindicatos critican la potestad que la reforma laboral de 2012 otorga a los empleadores de modificar condiciones “muy relevantes” de los trabajadores, incluso con la oposición de sus representantes.

Por último, denuncian los elevados servicios mínimos que las administraciones públicas imponen en casos de huelgas en servicios públicos esenciales, lo que indican que impide el derecho efectivo de huelga por parte de estos trabajadores.