El documento de las centrales y de la organización conservacionista también exige que el comprador de la vivienda reciba información sobre los consumos energéticos de las construcciones.

El sector de los edificios residenciales, de la Administración y comerciales consume el 18,8 por cento de la energía final de todo el país, en forma de electricidad o combustibles fósiles.

Según las centrales sindicales y la organización ecologista, ello es debido a que en este sector los los consumos de calefacción y refrigeración son muy elevados, como consecuencia de la inadecuada adaptación de los edificios a nuestro clima.

El informe también solicita la adaptación progresiva de todos los edificios a la legislación actual, ya que el 80,34 por ciento de las viviendas de uso familiar censads en la actualidad fueron construidas antes de 1979, año de entrada en vigor del real decreto 2.429/79 por el que se aprobaba la Norma Básica de Edificación.

La adopción de estas medidas provocaría, según los promotores del documento, un incremento del número de puestos de trabajo y reduciría las emisiones a la atmósfera de CO2, dióxido de azufre y óxido de nitrógeno.