Así se manifestó el sindicato después de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicara el dato adelantado de IPC del mes de mayo, en el que la tasa de inflación general se elevó hasta el 8,7% y la subyacente (la que no incluye precios energéticos y de alimentos no elaborados) escaló hasta el 4,9%.

Para UGT, “tanto la situación internacional, protagonizada por la invasión rusa en Ucrania y la subida de los precios, y la pérdida continua de poder adquisitivo de las personas en nuestro país, está generando una situación muy preocupante para las familias”.

De esta forma, a nivel internacional, a la prolongación de la invasión rusa en Ucrania, con su respectivo impacto sobre el precio de las materias primas energéticas, alimentarias y metálicas, se le une ahora el agravamiento de los cuellos de botella de la cadena global de suministros, producidos por el cierre de muchas ciudades en China a consecuencia de la política 'cero covid’ impuesta por sus autoridades”, añadió el sindicato.

En este contexto, UGT avisó de que la actual tendencia inflacionista no va a reducirse significativamente en los próximos meses. “Al contrario, la tasa de inflación subyacente, el mejor reflejo de la inflación estructural, no para de incrementarse mes a mes, por lo que ya no vale sólo con esperar a que cese el shock coyuntural de los precios de la energía. Dada la situación, es necesario actuar para proteger la capacidad adquisitiva de las personas trabajadoras, con el fin de no provocar una contracción económica de gravedad”, señaló.

Por ello, y ante el “rechazo” que UGT denunció que está realizando la patronal para negociar un nuevo Acuerdo para la Negociación Colectiva (AENC), el sindicato destacó que ha impulsado un Acuerdo Sindical para la Negociación Colectiva en el que se apuesta por una política de rentas “capaz de garantizar la estabilidad real de los salarios”.

Por un lado, este acuerdo, consensuado con CCOO, fija incrementos mínimos de referencia del 3,5% en 2022, 2,5% en 2023 y 2% en 2024 en materia salarial. Por otro, defiende la inclusión de cláusulas de revisión salarial que protejan el poder de compra de las personas trabajadoras en el caso de que la inflación interanual supere los aumentos pactados.