La FSP-UGT acusó al Gobierno de "obviar a las organizaciones sindicales y presentar documentos cerrados, en materias que conllevan importantes cambios en la Administración de Justicia y en las condiciones laborales de sus trabajadores, a pesar de que el ministerio prometió contar con sus representantes".

A juicio de la central, el acuerdo firmado por Acebes y los consejeros de Justicia de las siete comunidades con competencias en esta materia establece una nueva figura, la del comisaro político, que asumirá las competencias que mantenían hasta ahora los secretarios judiciales en materia de personal, lo que según UGT puede dar lugar a arbitrariedades.

Asimismo, el sindicato lamentó que el ministerio tenga previsto designar libremente a los responsables de determinados puestos de trabajo, lo que sorprende a la FSP-UGT, que asegura que el Partido Popular criticó duramente esta posibilidad cuando estaba en la oposición.

Además, UGT considera "imperdonable" que el ministerio no inluya criterios de homogeneidad para el conjunto de órganos de todo el Estado, lo que puede producir desigualdades entre los ciudadanos de las distintas comunidades autónomas.