Hizo esta declaración en un desayuno informativo organizado por el sindicato, donde hizo balance junto al secretario general de UGT Servicios Públicos, Julio Lacuerda, del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI.

Araque reconoció que la regulación del teletrabajo para los funcionarios es “una de las cuestiones pendientes de cerrarse en la negociación” del Acuerdo Marco, y explicó que “cada Administración tiene una casuística y unas necesidades muy específicas”.

Por lo tanto, “dentro de la propia Administración va a haber personal que va a poder acceder al teletrabajo y personas que de ninguna manera van a poder acceder”, ya que “cada Administración va a fijar la regulación que necesita”. Indicó que, a pesar de que se regule el teletrabajo, “se tiene que garantizar el servicio directo a la ciudadanía y la asistencia directa del personal a los ciudadanos”.

Por ello, concretó que, a su juicio, sólo se podrán acoger a esta modalidad aquellos funcionarios que se encarguen del “manejo de expedientes” y puso el ejemplo de empleados públicos que trabajen “con personas con discapacidad o en el mantenimiento de carreteras”, en cuyo caso “de ninguna manera” podrán teletrabajar.

Reiteró que “no hay una negociación única” en este ámbito y que “cada Administración es un mundo para el teletrabajo”.

Por su parte, Lacuerda incidió en la posibilidad de alcanzar un nuevo acuerdo plurianual, ya que el que está finaliza este año. “Desde el Ministerio para la Función Pública nos han manifestado que sí”, adelantó, con lo que manifestó que “de cara al próximo acuerdo va a ser determinante el grado de cumplimiento del actual”.

“No queremos empezar a hablar sin tener una valoración positiva del que está en vigor”, añadió, y defendió que en dicho acuerdo UGT reclamará “incrementos razonables que tendrán que ver con el cumplimiento del actual acuerdo y con la marcha de la economía”.