Mientras que los españoles tienen un tipo impositivo del 15% en el rendimiento de capital obtenido por la venta de propiedades inmobiliarias, a los no residentes se les aplica un tipo impositivo del 35 %.

Asimismo, la Comisión denuncia el modelo de los impuestos con que España grava las rentas del trabajo. Conforme a la legislación española, tales rentas están sujetas a una retención fiscal final del 25%, cuando se abonan a individuos no residentes, mientras que, si las perciben individuos residentes, el tipo impositivo aplicado se ajusta a una escala progresiva.

En consecuencia, los no residentes soportan una carga fiscal superior, dado que estos están sujetos a tipos impositivos progresivos que oscilan entre el 15 % y el 45 %.

Por ello, la Comisión considera que, en ambos casos, "la legislación fiscal española vulnera los requisitos contemplados en el Tratado CE, en particular el principio de no discriminación".

Además, la CE recuerda a España que todavía no ha modificado su legislación en este sentido, "a pesar del requerimiento oficial realizado a tal efecto por la Comisión en julio de 2005".

En otras ocasiones, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha establecido que otorgar un trato fiscal diferente a residentes y no residentes, cuando tal diferencia de trato no está justificada por una diferencia objetiva entre la situación de ambos grupos, "es incompatible con la legislación comunitaria".