Tras la aprobación de esta directiva, los Estados dispondrán de 2 años para trasponerla a su legislación. En el caso de que la puesta en marcha de la norma requiera una negociación colectiva, dispondrán de un año más.

En opinión del comisario europeo encargada de Empleo y Asuntos sociales, Padraig Flynn, la directiva supone "un gran paso en el camino hacia la creación de un conjunt global de derechos fundamentales de los trabajadores".