Las disposiciones comunitarias relativas a las centrales de combustión de desechos sólidos establecen una serie de criterios a cumplir por las instalaciones, entre ellos un límite de emisión de gases contaminantes en la atmósfera.

Apoyándose en esta normativa, hace tiempo que la Comisión Europea recomenó a España el cierre de las tres centrales, situadas en las localidades de Mazo y Barlovento de La Palma.

Según el eurodiputado Fernando Fernández (PPE), autor de una pregunta parlamentaria ante la Comisión sobre este tema, ni el Gobierno autónomo canario ni el consejo de La Palma han corregido la situación de las centrales.

En respuesta a la iniciativa de este parlamentario, la comisaria de Medio Ambiente, la danesa Ritt Bjerregaard, ha afirmado que la Comisión ya ha iniciado un proceso por infrcción contra Madrid, en virtud del artículo 169 del Tratado de la CE.

El primer paso, afirmó la comisaria, ha sido el envío de una opinión motivada al Gobierno español en la que se da cuenta de la ilegalidad de las centrales. España ya ha enviado su respuesta a la Comisión.

La Comisión todavía estudia la respuesta española y, según Bjerregaard, si se considera "insatisfactoria" se podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia europeo.