En concreto, el fiscal solicita para el teniente coronel Guintero un total de 9 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación absoluta por un delto contra la salud pública, mientras que eleva la pena hasta los 15 años de cárcel y 9 de inhabilitación para el comandante Pindado, al que atribuye sendos delitos contra la salud pública y falsedad en documento oficial.

También pide penas de cárcel para los guardias civiles "arrepentidos" Vicente Domínguez y Doroteo Gómez Porras, que destaparon las supuestas irregularidades, para los que requiere un total de 15 y 9 años de cárcel, respectivamente, y otros 9 de inhabilitación además de multas, por losdelitos de entrada ilegal en domicilio, falsedad en documento oficial, detención ilegal y contra la salud pública.

Entre los confidentes procesados figura Ramón del Temple Llopis y José Luis Recuerco del Pino, para los que el fiscal también pide un total de 9 años de cárcel para cada uno por sendos delitos contra la salud pública.

Entre las acciones delictivas relatadas por el fiscal en su informe, figura una operación realizada en diciembre de 1990 por la Ucifa en la que intervino un total de 93kilos de cocaína procedentes de Colombia, droga que entró en España a través del aeropuerto de Barajas en dos fases.

PAGOS

En la primera, el 19 de diciembre, entraron un total de 35 kilos que fueron conducidos al Hotel Foxá de Madrid, donde el guardia segundo Doroteo Gómez Porras detrajo 5 kilos de la droga para premiar a los colaboradores de la Ucifa José Luis Recuero del Pino y José Manuel García Gutiérrez, sin que pueda ser determinado su destino concreto.

El resto de la cocaína, un total de58 kilos, fue intervenida el día 28 del mismo mes y llevada directamente a la Dirección General de la Guardia Civil. Allí, según el fiscal, el comandante Pindado detrajo con la misma finalidad 6 kilos, de los que no ha podido ser determinado el destino de uno.

Los 5 kilos restantes fueron entregados por el comandante Pindado y el sargento Gonzalo Méndez Gutiérrez, en razón a sus servicios, a los confidentes Recuero del Pino y García Gutiérrez quienes, a su vez, vendieron tres kilos de la cocaína a un ndividuo sin identificar llamado "Alfonso" y los otros dos kilos a Ramón del Temple.

Este, a su vez, vendió un kilo a Juan José Garrote Gago y el otro kilo a Ricardo Fernández Barbudo y Juan Pallol Trigueros. A juicio del fiscal, con estas transmisiones, "no menos de 10 kilogramos de cocaína, que estaban controlados por agentes de la autoridad, entraron en el comercio ilícito de la droga".

El fiscal añade que, además, el sargento Gonzalo Méndez, siguiendo las órdenes del comandante Pindado, instryó sendos atestados en los que "se afirmaba mendazmente" que la droga intervenida había sido 30 y 52 kilos respectivamente, en lugar de los 35 y 58 realmente ocupados. También se hicieron constar esas "cantidades inexactas" en los oficios dirigidos a la Fiscalía Antidroga.

VENTA DE DROGA

El informe también recoge otra operación que permitió a la Ucifa intervenir otros 10 kilos de cocaína el 4 de abril de 1991. La droga fue llevada al Hotel Liébany de Madrid, donde los guardias Doroteo Gómez Porras yVicente Domínguez se pusieron de acuerdo con el confidente Ramón del Temple y con Luis Ezquerecocha para detraer 2 kilos de la cocaína.

Para ello, lograron que otro procesado en paradero desconocido, Miguel Cobos, sacara del hotel la droga detraída, de la que vendieron 1 kilo a Juan Miguel Rada por unos 2 millones de pesetas, quedándose Gómez Porras con el otro kilo.

Los 8 kilos restantes fueron llevados a la sede de la Ucifa, donde el comandante José Ramón Pindado y el sargento Gonzalo Méndez seararon una cantidad no inferior a los 500 gramos que guardaron en una caja fuerte hasta que la entregaron días después a Ramón del Temple. En este caso, los procesados también falsearon el atestado y el oficio remitido a la fiscalía.

Pocos días después, el 21 de abril, la Ucifa se incautó de otros 30,500 kilos de cocaína en el aeropuerto de Barajas, siendo llevada posteriormente a un piso de la calle Galileo de Madrid, donde, por orden del comandante Pindado, fueron detraídos 3 kilos que entregaron a amón del Temple.

Este, para evitar el riesgo de portar tal cantidad de droga por la calle, la entregó al capitán Núñez Calvo, quien la llevó a la sede de la Ucifa. Pocos días después, el comandante Pindado ordenó al sargento Méndez Gutiérrez que entregara los 3 kilos a Del Temple "en premio a su colaboración", así como los 500 gramos separados de la droga intervenida en la operación anterior.

Ramón del Temple hizo llegar esta droga al guardia Doroteo Gómez Porras quien la unió a otro kilo de cocana que tenía procedente de otra operación anterior, vendiendo todo ello a Ricardo Fernández Barbudo y Juan Pallol por 10 millones de pesetas. Esta cantidad fue distribuída entre el confidente Del Temple y los guardias Gómez Porras y Vicente Domínguez.

KURDOS

Asímismo, según el fiscal, el 14 de noviembre de 1989 la Ucifa intervino una importante cantidad de heroína durante la desarticulación de una organización kurda, operación en la que tuvo una intervención muy importante un confidente llamado "Jaie".

Ese mismo día, el teniente coronel Francisco Quintero, jefe máximo de esta operación, permitió que "Jaime" se llevara como premio a sus servicios 2 kilos de heroína, "que entró en el circuito comercial ilícito de la droga", según el fiscal.

Otros de los presuntos delitos relatados por el fiscal son la entrega por orden del teniente coronel Quintero de un kilo de cocaína procedente de otra operación a los colaboradores Recuerdo del Pino y García Gutiérrez. El cabo primero Manuel Jiménez Cerver, conocedor de la detracción, hizo constar en el atestado que la droga aprehendida eran 30 kilos y para que no se notase que faltaba uno, mezcló azúcar con la cocaína.

Asímismo, narra que en enero de 1988, el cabo de la Ucifa Félix Molina recibió órdenes para desplazarse a Pamplona e investigar la posible implicación de un miembro del Cuerpo en el tráfico de drogas. Una vez en esa ciudad, a donde viajó acompañado de los guardias Doroteo Gómez Porras y Antonio López Segura, convencidos de que el guardi civil investigado poseía drogas, introdujeron en su coche 25 gramos de hachís y dos papelinas de heroína con el fin de acreditar la posesión de la droga y poder detenerle.

También les acusa el fiscal de haber colocado un arma y droga en el domicilio de un sospechoso para poder deternerle, después de haber haber efectuado un registro ilegal en el que no encontraron ningún efecto de relevancia penal. Asimismo, les atribuye la desaparición de un arma hallada en otro registro.

Finalmente, achaca al abo Féliz Molina de organizar una operación, cuyo máximo responsable era el capitán Sebastián Márquez, con el fin de descubrir droga en el domicilio de una mujer. En el registro, ésta les dijo que colaboraba con la policía y les mostró una cantidad de cocaína, de la que dijo que iba a ir a recogerla un individuo. Este, acudió a la casa, pero no fue detenido ni la droga fue intervenida, no pudiendo concretarse el destino de la cocaína.