La querella contra Roldán fue interpuesta el pasado 17 de abril por los abogados Alicia Moreno Pérez y José Emilio Rodríguez Menéndez, defensor del guardia "arrepentido" Vicente Domínguez, cuyas declaraciones dieron lugar al procesamiento de los miembros de la UCIFA.

Según explicó hoy Rodríguez Menéndez, la querella, que fue admitida a trámite el pasado 29 de octubre, se interpuso diez días después de que la Dirección General de la Guardia Civil hiciese frente a las fianzas fijadaspara salir en libertad provisional a los miembros de la UCIFA, excepto a las de los dos "arrepentidos" que destaparon el escándalo, por el juez Baltasar Garzón, que instruyó el sumario hasta que se presentó a diputado por el PSOE.

Señaló que la Guardia Civil abonó en metálico un total de 6.600.000 pesetas por las fianzas impuestas a los miembros de la UCIFA, excepto las de los dos "arrepentidos", para eludir la situación de prisión provisional, y presentó avales bancarios por un total de 102.500.000 psetas que sumaban las fianzas en concepto de responsabilidad civil.

Agregó que la Benemérita, sin embargo, no satisfizo la fianza de un millón de pesetas impuesta a Doroteo Gómez Porras, uno de los "arrepentidos", que fue pagada por su familia, ni la de Vicente Domínguez, quien ante la imposibilidad de sufragarla por sus propios medios, fue puesto en libertad sin fianza por Garzón, que consideró que la Guardia Civil le daba un trato desigual respecto al resto de los procesados.

En la querella, lo denunciantes entienden que el uso de los fondos públicos de la Guardia Civil para el pago de dichas fianzas constituye una ilegalidad, ya que el Reglamento del Cuerpo contempla "la posibilidad de cobertura de las posibles responsabilidades civiles que se generen por actuaciones lícitas de los miembros de tal cuerpo con motivo del ejercicio de las acciones que les están encomendadas".

Sin embargo, Rodríguez Menéndez señaló que los actos por los que están procesados los miembros de la UCIFA son ilícito y constituyen delitos muy graves como tráfico de drogas y contrabando, por lo que consideró que Roldán incurrió en un delito de malversación de caudales públicos, que está castigado con penas que oscilan entre los 12 y 20 años de cárcel e inhabilitación total.

El abogado insistió en que los actos presuntamente cometidos por los miembros de la UCIFA fueron realizados a título personal por cada uno de los guardias civiles, por lo que tampoco pueden ser englobados dentro de los supuestos que contempla e Reglamento del Cuerpo.

"PAGAR LOS SILENCIOS"

Tras explicar que su único interés es "esclarecer unos hechos que considero delictivos", afirmó que, a su juicio, el abono de esas fianzas por parte de la Dirección General de la Guardia Civil tuvo la finalidad de "pagar los silencios" de los miembros de la UCIFA que entonces se encontraban en la cárcel, ya que "estaban hasta las narices".

Rodríguez Menéndez destacó también que en otros casos de agentes de la Benemérita procesados por tráfico de droas la dirección general del Cuerpo no satisfizo las fianzas como ocurrió en esta ocasión.

Finalmente se mostró extrañado del "cambio de cara" que, en su opinion, dieron las investigaciones efectuadas por Garzón tras la comida que compartió en una localidad de Toledo con Felipe González y José Bono antes de presentarse a diputado, ya que "pasaron de ir a muerte a ser sumamente benévolas".

En la querella, los abogados solicitan al juez que llame a declarar como testigos a todos los procesados de laUCIFA, así como al director general de la Guardia Civil, quien, según Rodríguez Menéndez, deberá presentarse mañana a las 10 horas en el juzgado para recoger la comunicación de la admisión de la querella.