Según informó hoy esta organización, en el documento "Demandas y propuesta electorales de la UCE en materia de política de consumo", reclama el desarrollo de una ley que regule la actividad y la representatividad de las asociaciones de consumidores, "que regule su financiación pública así como la presencia en foros y organismos públicos de participación ciudadana, económicos, sociales y de regulación del mercado".

La asociación propone, además, una reforma Instituto Nacional de Consumo para adaptarlo a las nuevas realidades del mercado. La reforma debe traducirse, para UCE, en una transferencia de funciones no puramente administrativas a las organizaciones de consumidores y usuarios.

Entre otras principales novedades, se propone la creación de una tutela judicial específica en materia de consumo, el establecimiento de fiscalías especializadas en consumo y la articulación de procedimientos de menor cuantía o monitorios revisando al alza en este último caso las cantidades de acceso a los mismos, pasando de los actuales 900 a 3.000 euros.

UCE trasladará este documento a las principales fuerzas políticas que concurren a las elecciones generales de 2008 para que sea incorporado en sus respectivos programas electorales.