La UCE afirma en un comunicado que "las autoridades sanitarias deben actuar enérgicamente, no sólo deben contemplarse como delito contra la salud pública las intoxicaciones alimentarias, sino también el fraude nutricional, ya que un producto caducado no reúne el aporte nutricional que cree que contiene el consumidor, máxime cuado se habla de una posible utilización por parte de industrias de alimentación infantil".

Según la asociación de consumidores, "con la alimentación no se puede jugar, y menos con la de los niños". UCE recuerda que el Código Penal castiga con penas de hasta 4 años de prisión, multas e inhabilitación profesional a quienen pongan en peligro la salud de los consumidores.