En opinión de la UCE, aportar supuestas mejoras en la prestación de dichos servicios sin contar con la participación de los usuarios-clientes no es el mecanismo adecuado para la consecución de servicios adaptados a las necesidades de los mismos.

Por tanto, la UCE basándose en el conocimiento de los problemas y deficiencias del funcionamiento actual de los servicios públicos y en el malestar generalizado de ls consumidores, expone una serie de premisas sin las cuales será imposible la existencia de unos servicios capaces de garantizar los derechos del ciudadano:

- El consumidor es el único juez de las prestaciones que recibe.

- Todos los procesos de reforma de las administraciones y servicios públicos deben contar, en consecuencia, con la opinión de los usuarios.

- Las asociaciones de consumidores deben participar, por tanto, en todos los procesos de reforma equilibrando con su participación la resión ejercida por la burocracia y por otros grupos con intereses corporativos ante el poder político.

- Cada servicio público debe contar con un reglamento de calidad, pactado con los consumidores-usuarios, que recoja los indices de calidad de los servicios, los derechos de los usuarios y las indemnizaciones por incumplimientos.

- El derecho a la inforamción significa conocer los objetivos de calidad de cada servicio, las indemnizaciones por incumplimiento y los mecanismos de reclamación.

Todos y cada uno de los servicios públicos y niveles de la Administración deben ser sometidos a controles externos de calidad. Los resultados de tales controles han de hacerse públicos.

- Los sistemas de reclamación por el mal funcionamiento de los servicios han de ser ágiles, contar con representantes de los usuarios y, en cualquier caso, dar respuesta razonada al ciudadano.

- Los servicios públicos deben garantizar la universalidad de la prestación.

- Los servicios públicos deben estar prsididos por el principio de continuidad en su funcionamiento.