Según explicaron a Servimedia fuentes de la UCE, el 12 de septiembre del año pasado la inmobiliaria resentó a este cliente un piso valorado en ocho millones, por el que solicitó dos millones de entrada.

Diez días más tarde, la empresa comunicó a la familia afectada que la adquisición del inmueble era imposible, por causas ajenas a su voluntad.

La inmobiliaria no devolvió el dinero y al mes siguiente volvió a prometer otras dos casas, pero tampoco pudieron ser compradas finalmente, según indicaron las fuentes de la UCE,

Cuando el cliente decidió prescindir de los servicios de la inmobiliari, ésta se negó a devolverle el dinero, alegando que lo retenía en concepto de gastos, lo que, a juicio de la organización de consumidores, es ilegal.