Según la organización, el objetivo de Economía con esta medida es solucionar parte del problema de los retrasos en la Justicia, pero advierte que el método elegido es "erróneo y arbitrario", porque supone la sustracción de competencias de los jueces, "en vez de dotarlos de más medios para que puedan ejerer sus funciones".

Asimismo, señala que el decreto que prepara el Ejecutivo perjudica a los consumidores, que se verán privados del recurso a la tutela de los tribunales cuando se produzca un conflicto en la ejecución de créditos hipotecarios, "lo que podría resultar inconstitucional".

Los responsables de UCE opinan que la medida es también una muestra de "falta de sensibilidad social". A su juicio, mientras que los ciudadanos tendrán que seguir padeciendo la lentitud judicial para ver satisfecha sus reclamaciones frente a constructoras por la compra de viviendas defectuosas, los bancos y cajas podrán resolver el impago de un crédito hipotecario en tres meses, con una orden notarial.

Para evitar estos efectos del decreto, UCE pide al Gobierno que suspenda su elaboración, que cambie la Ley de Enjuiciamiento Civil, para proteger mejor los derechos de los consumidores; que apruebe una ley de Garantías de la Edificación, con la que asegura que se evitarían miles de recursos, y que regule la conceión de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda habitual.

Además, exige de la Administración la elaboración de una Ley de Crédito al Consumo, incorporando a la legislación española las directivas comunitarias, "teniendo en cuenta que ya se ha superado el plazo establecido por la CE para hacerlo", y el aumento de las partidas presupuestarias de la Administración de Justicia, para que pueda ejercer las competencias que le asignan las leyes.

Otra recomendación de la UCE es la regulació legal del "sobreendeudamiento familiar", como ya existe en otros países europeos, igualando los derechos del consumidor con los de las empresas que presentan suspensión de pagos.