La aprobación de una reciente órden ministerial que regula las nuevas tarifas del servicio telefónico prestado por Telefónica de España "es contraria a los intereses de los usuarios de un servicio público que se suministra en régimen de monopolio así como a los principios reguladores de la competncia en el mercado", afirma en un comunicado.

Para esta organización es un contrasentido que la libre competencia venga acompañada de un incremento de pago en los servicios. Este sector, a juicio de la UCE, es el único en el que la liberalización en lugar de provocar una bajada de precios origina una subida en los mismos.

La órden provocará un incremento de 200 pesetas para la cuota de abono y de un 12% para las lamadas locales, a lo que habrá que añadir el aumento general del precio de las lllamdas que supone la modificaicón de la unidad de tarifación de 129 a 110 segundos al paso.

La UCE señala que el abaratamiento de las tarifas internacionales, "a la que tanta publicidad da Telefónica de España como logro importante y destacable", es totalmente desacertada desde el punto de vista social y económico, dado que el ciudadano medio no realiza este tipo de llamadas habitualmente, por lo que sólo resultarán beneficiados los grandes usuarios.