Según el Gobieno que preside Manuel Chaves, y en contra de lo que sostiene la Administración central, este régimen transitorio no supone legalizar las emisoras que desarrollan su actividad desde 1995, sino únicamente incluirlas en un censo voluntario de carácter iformativo en tanto el Estado concluya el Plan Técnico Nacional de TV Local Digital.

"La elaboración de este plan, necesario para que las comunidades autónomas puedan desarrollar los procesos de adjudicación de concesiones, se ha venido postergando desde que en 1995 entrara en vigor la ley estatal sobre la materia, dando como resultado la existencia de muchas televisiones que funcionan de forma alegal sin el correspondiente título habilitante", señala el Gobierno andaluz.

En su rechazo al requerimento formulado por la Administración central, la Junta de Andalucía subraya que el régimen transitorio se limita a paliar el actual contexto de inseguridad jurídica "sin invadir en ningún momento las competencias estatales" en cuanto a parámetros técnicos y a regulación del espectro radioeléctrico.

La Junta insistie en que además del citado censo de TV locales, el decreto andaluz establece también la concesión de una autorización administrativa para estas emisoras, sujetas a una serie de principios geerales y "sólo a los efectos de reconocer una situación de hecho supeditada a la futura resolución de los concursos".