Arias ha reprochado a los socialistas su presunta actuación a favor de Canal Plus y de la plataforma digital encabezada por Prisa, mientras que Rubalcaba acusó al Ejecutivo de legislar contra la Constitución para perjudicar a esa plataforma con modos "intolerantes y autoritarios".

Para los socialistas, que anunciaron la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto que hoy saldrá aprobado, las libertades fundamentales no pueden desarrollarse legislatimente a través de decretosleyes, tal y como establece el criterio del Tribunal Constitucional en este terreno.

Por su parte, el ministro de Fomento explicó que los objetivos del Gobierno al presentar este decreto son trasponer la normativa comunitaria en materia de televisión digital y "facilitar y ampliar la libertad de elección de todos los ciudadanos".

Según Arias, el texto del Gobierno garantiza el acceso "sin barreras artificiales a la pluralidad de servicios de televisión de pago y asegura a todos los operadores el cceso al mercado televisivo en igualdad de condiciones. Lo demás, señorías, no está ni en el decreto ley ni en la directiva. Lo demás son valoraciones, siempre libres y legítimas, pero a veces equivocadas y con frecuencia interesadas".

Rubalcaba, por su parte, desgranó el proceso administrativo de elaboración y promulgación del decreto ley que consideró "precipitado" y "esperpéntico" y directamente relacionado con el hecho de que la plataforma Canal Satélite Digital consiguiera el apoyo de Antena 3 TVque cuenta con los derechos del futbol.

Los socialistas consideran que el Gobierno no podrá prohibir los descodificadores de Canal Satélite y recomendaron al Gobierno que trate de facilitar un acuerdo de manera que a través de esos aparatos los usuarios puedan tener acceso a todas las plataformas de televisión, con la advertencia expresa de que "los acuerdos no se alcanzan a golpazos".

El dirigente socialista insistió en que el gobierno "ha montado un gigantesco lio" para tratar de frenar una iniiativa empresarial que "no van a poder parar porque les ampara la Constitución y la normativa comunitaria".

AUTORITARISMO E INTOLERANCIA

"Ustedes", dijo, "se han presentado aquí con el triste cometido de pedir la convalidación de una norma hecha para castigar a los grupos de comunicación no alineados y compensar a los afines. Han exhibido un palamarés de autoritarismo, extremismo e intolerancia. Han creado inseguridad política, incertidumbre emrpesarial, crispación ciudadana y han utilizado a diverss instituciones y esta actitud es impropia de un gobierno que hace gala de liberal como este".

En opinión de Rubalcaba, el Ejecutivo ha dictado una norma inconstitucional a sabiendas de que lo es con el fin de ganar un tiempo precioso para la puesta a punto de la plataforma patrocinada por el Gobierno.

El debate entró en su fase de mayor crudeza cuando, el portavoz socialista acusó al gabinete Aznar de haber puesto "el interés del Estado al servicio de intereses particulares", lo que provocó un gneralizado abucheo en los bancos populares que finalmente no siguieron la recomendación de Rubalcaba de meter los dedos en la boca para poder obsequiarle "con una auténtica pitada digital".

Rubalcaba ne ahorró calificativos y acusó al PP de haberse comportado como "iracundos arbitristas" que han revelado su "mentalidad autoritaria e intolerante, que no soporta la crítica y reacciona con la persecución".

Arias respondió con acritud al portavoz socialista al que recordó la actuación del Gobierno soialista que, en su opinión, favoreció a Prisa con el apoyo al acuerdo alcanzado en el verano de 1996 con Telefónica.

ACUERDO INMORAL

Mediante ese acuerdo, dijo, "Telefónica elige un proveedor, le nombra jefe de compras, cede a Canal Plus las decisiones sobre descodificadores y el servicio de atención al cliente, elemento básico para fidelizar a los clientes". Tras lo cual concluyó que "este es el acuerdo más inmoral de la historia de la democracia española porque es la primera vez que un gobierno seha permitirido poner un monopolio público al servicio de una empresa privada".

El ministro defendió la plena constitucionalidad de la normativa que hoy se discute y exiguió a los socialistas que demostrasen en el terreno de los hechos que el Ejecutivo legisla en contra de entidades privadas.

En su última intervención, Rubalcaba aseguró que en este asunto ha quedado de manifiesto cual es el estilo de gobernar del PP que calificó como "caza de brujas", lo que avaló explicando que Aznar, através de iguel Angel Rodríguez, hacía listas negras de periodistas cuando era presidente de Castilla y León, y que enviaba fax amenazadores a medios de comunicación no afines en los momentos previos a las elecciones del 96.