Así, el TSJ rechaza la recusación del magistrado instructor, Carlos Ramos, por entender que no concurren motivos legales para acordarla. Esta decisión no puede ser recurrida.

También ha resultado rechazada la petición de ser juzgada por un jurado popular. Esta decisión puede ser recurrida pero no detendrá la tramitación del procedimiento, tal y como advierte el magistrado en un auto.

Laura Borràs está acusada de delitos de corrupción por la contratación de servicios supuestamente de forma irregular mientras dirigía el ILC y la Fiscalía pide para ella seis años de prisión y 21 de inhabilitación.

En esta causa, Borràs está acusada de delitos de malversación de fondos públicos, fraude administrativo, prevaricación y falsedad documental. Según su defensa reclama un juicio con jurado porque lo dos primeros delitos deben ser juzgados por un jurado. Pero la ley excluye expresamente que el delito de prevaricación se juzgue por esa vía.

Gonzalo Boye, abogado de Borràs, pidió al magistrado que presente una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por entender que excluir la prevaricación del derecho de la ciudadanía a participar en la administración de justicia vulnera la Carta Magna.

Para el caso de que el instructor rechaza esta posibilidad, la defensa de la presidenta del Parlament le pide que el delito de prevaricación se juzgue por separado por el procedimiento ordinario y con un tribunal profesional. La Fiscalía acusa a Borràs de prevaricación y falsedad, dos delitos que están excluidos del juicio con jurado, por lo que no considera necesaria la consulta al TC.

Además, Borràs pretendía recusar al instructor porque fue elegido a propuesta del PSC y haber instruido la causa contra el expresidente del Parlament Roger Torrent y varios miembros independentistas de Mesa del Parlament de entonces.

El TSJ considera que eso no es motivo de recusación y advierte que el planteamiento de la defensa es "un abuso de derecho y un fraude procesal" con el objetivo de "dilatar” a apertura de juicio oral.