El magistrado instructor de la Sala Civil y Penal del TSJCat Josep Seguí, encargado de las pesquisas, ha notificado el auto a las partes y al Ministerio Público le pide que se pronuncie sobre si hay indicios delictivos suficientes para sentar en el banquillo a Borràs, en cuyo caso deberá presentar el correspondiente escrito de acusación.

En esa causa se investiga la actuación de Borràs y de otras tres personas por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y los de fraude administrativo, falsedad en documento mercantil y delito continuado de malversación de caudales públicos cuando era la directora del Institut de les Lletres Catalanes.

El pasado mes de abril, el instructor dictó un auto en el que consideraba que había “suficientes indicios” para sentar a Borràs en el banquillo. Según ese escrito, la ahora presidenta del Parlament “abusó de las funciones que tenía reconocidas” como directora del ILC y dictó “resoluciones injustas al aprobar las adjudicaciones de 18 contratos menores”, para “únicamente favorecer los intereses” de Isaías Herrero, que era su amigo, por lo que concluye que esas decisiones habrían ido “en detrimento de los intereses generales que debía defender”.

Por tanto, se podía entender que Borràs “defraudó” a la entidad que dirigía y que hay “indicios suficientemente sólidos de concertación para defraudar” junto con su amigo, al que llegó a dar instrucciones sobre la confección del presupuestos para que hubiera varios a nombre de distintas personas y entidades, de modo que se simulara que había varias ofertas.

Para el instructor, “las comunicaciones electrónicas mantenidas entre Borràs e Isaias Herrero son indicios suficientemente sólidos de la concertación entre ellos dos para defraudar al ILC, propiciando contrataciones formales de servicios informáticos reveladores de una vulneración de especial relación de confianza surgida a raíz de aquella como directora de la institución pública”.

El auto recoge una conversación telefónica en la que el empresario se mostraba preocupado por si la intervención de la Generalitat por aplicación del artículo 155 de la Constitución pudiera aflorar las irregularidades y reconocía que tenía muchos “marrones” relacionados con la contratación.