El magistrado que instruyelas diligencias previas por presuntas irregularidades en la tramitación de pagos ha ordenado la auditoría judicial para constatar la transferencia de 40 millones de pesetas a un empresario afín al PSOE, ya que al parecer presentó facturas falsas.

El magistrado quiere comparar esta auditoría con otra anterior que ponía de manifiesto las presuntas irregularidades. Según denuncia el colectivo Justicia y Sociedad, cinco días antes de que se aprobara una moción de censura que descabalgaría al Gobierno socilista, el grupo de Gobierno abonó los 40 millones de pesetas al empresario del transporte Julián Guillén, el único al que se le efectuaron pagos de la numerosa lista de morosos de la institución.

El empresario presentó unas facturas que, según la primera auditoría, fueron alteradas para acogerse a una campaña de limpieza, cometiendo algunos errores como incluir días festivos como trabajados y presentar tres facturas de servicios de un mismo camión que a las ocho de la mañana estaba en tres puntos difeentes de la isla.

Entre los acusados iniciales se encuentran el diputado regional Carmelo Padrón, el dirigente del PSOE grancanario Luis Hipólito Hernández y el diputado nacional Carmelo Artiles, aunque la Sala Segunda del Tribunal Supremo ya sentenció que no ve indicios de delito en la actuación de Artiles.