El PP ha decidido llevar la "ley Corcuera" ante el Tribunal Constitucional, por entender que representa el "más grave atentado legislativ contra las libertades democráticas" que se ha registrado en España desde la aprobación en 1978 de la Constitución, según declaró hoy en rueda de prensa el portavoz del área de justicia del PP, Federico Trillo.

La argumentación del recurso señala que la ley introduce una distorsión en todo el ordenamiento jurídico de la libertad, "y crea zonas intermedias y áreas de confusión en las que los poderes admnistrativos predominan sobre las libertades".

Los populares han impugnado cuatro preceptos de laley. El primer artículo que consideran inconstitucional es el 20.1, que establece la "retención" policial para quienes no lleven consigo la documentación.

El PP estima que el Tribunal Constitucional ha dejado nítidamente sentado que no pueden existir "zonas intermedias" entre la libertad y la detención, como se instaura con la figura de la retención.

Según el PP, el retenido no se encuentra en libertad porque ha sido conducido sin su consentimiento a las dependencias policiales, y tampoco está deenido, porque no le asisten las garantías que a todo detenido asegura la Constitución (imputación de cargos, asistencia de abogado, etc.).

EQUIPARACION ERRONEA

El Partido Popular también encuentra inconstitucional el artículo 21.2, relativo al registro domiciliario sin autorización judicial por delito flagrante.

Los populares sostienen que el principio de inviolabilidad domiciliaria está clamaramente delimitado por la Constitución y la jurisprudencia del Constitucional. Federico Trillo dijo quela ley equipara erróneamente el "delito flagrante" con el "conocimiento fundado" de que se está cometiendo un delito.

El último bloque del recurso se refiere a los artículos 37 y 38, referidos al régimen de sanciones administrativas que contempla la "ley Corcuera".

El PP entiende que estos dos preceptos son contrarios a los derechos de defensa y de presunción de inocencia, porque consideran suficiente un simple atestado policial para imponer una sanción.

Asimismo, considera que la exigencia el previo pago de la multa para poder recurrirla contraría gravemente la Constitución y sustrae a los tribunales su potestad jurisdiccional.

DIFICIL REPARACION

El recurso presentado hoy por el PP emplaza al Alto Tribunal a que resuelva con la máxima celeridad posible y, entretanto, suspenda provisionalmente la aplicación de los artículos impugnados hasta que dicte sentencia.

Trillo dijo que si se aplican estos preceptos, "podrían producir perjuicios de difícil o imposible reparación" en caso deque el recurso prospere.

Aseguró tener constancia de que el ministro del Interior ha mantenido reuniones con cargos de su departamento para que den órdenes de que los artículos más polémicos de la ley se apliquen con "escrupulosidad".

"Estoy convencido de que el ministro del Interior ha optado por una aplicación prudente de la ley y ésta se halla suspendida tácitamente", dijo el vicepresidente segundo del Congreso.

Desde que se suspendió hace años la figura del recurso previo, el Tribunal Costitucional no ha suspendido nunca la aplicación de una ley tras la formulación de un recurso. Trillo dijo que el Constitucional ganaría en prestigio si, en esta ocasión, alterara esta actitud.

El Grupo Parlamentario Popular formulará al titular de Interior varias preguntas en el próximo pleno del Congreso, relativas a los casos en que ha sido aplicados los artículos recurridos desde que la ley entró en vigor el pasado marzo.

CONTRATO DE ADHESION

El portavoz del PP restó importancia a las recietes opiniones vertidas sobre la ley por el presidente fundador de su partido, Manuel Fraga, y afirmó que desde que se inició la tramitación de la ley, "no ha planteado ninguna desavenenciencia" entre el jefe del Ejecutivo gallego y la posición del PP.

"Sólo se creó cierta confusión después de que Manuel Fraga pidiera al Gobierno que fuera prudente en la aplicación de la ley", precisó.

Trillo dijo estar absolutamente convencido de que las bases del PP respaldan de lleno el recurso presentado hoy yson contrarias a la aplicación de la "ley Corcuera".

Mostró su decepción por la negativa de Izquierda Unida y CDS a presentar conjuntamente con su partido el recurso de inconstitucionalidad, pese a la coincidencia en los argumentos manejados por los tres partidos y a las peticiones personales que él mismo ha formulado a los portavoces de ambos grupos. "No me han dado ninguna razón objetiva de fondo", subrayó.

El portavoz del CDS en el Congreso, José Ramón Caso, dijo hoy al respecto que el PP ha qerido que los otros dos partidos partidarios del recurso "firmaran un contrato de adhesión" a su iniciativa.

"Mientras CDS e IU dijimos desde el principio que sí al recurso, el PP dudó inicialmente y luego adoptó cierta soberbia al decir que con sus diputados era suficiente para impugnar la ley", explicó Caso.

El portavoz centrista dijo estar convencido de que el Constitucional aceptará el recurso del PP o cualquier otro que se presente contra la "ley Corcuera".