La sentencia da la razón a un recurso presentado por el Ejecutivo de La Rioja, y considera que es "contrario a Derecho" que las empresas establecidas en Alava obtuviran una rebaja fiscal del 45% en las inversiones que superaran los 2.500 millones de pesetas.

Los hechos se remiten a 1998, cuando Alava otorgó estas ventajas ficales y las hizo extensivas a las inversiones realizadas en los años 1996 y 1997. En virtud de un recurso del Ejecutivo central, se suspendieron las ayudas para 1998 y, con el recurso ahora aceptado de La Rioja, se suspenden para los años anteriores.

De este modo, la sentencia asume la posición mantenida por la Comunidad Autónoma de La Rija y rechaza las alegaciones efectuadas por la Diputación Foral de Alava y la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Alava, que consideraban el proceso carente de objeto.