En un auto hecho público hoy, la Sala provisional asegura que "no se alacanza bien a comprender cómo el instructor, dada la fecha de incoacción de la causa y el número de diligencias acordadas, todavía no ha alcanzado el grado de convicción suficiente para regularizar la situación de los querellados aforados a los que de manera inequívoca trata como inculpados sin haber iniciado los trámites constitucional y normativamente exigibles para quepuedan ser considerados como tales (suplicatorio a las Cámaras legislativas)".

La Sala provisional, que se encarga del caso mientras se resuelve el incidente de recusación contra el tribunal ordinario, ha desestimado tres recursos interpuestos por los abogados de los aforados contra algunas de las diligencias practicadas por Barbero, que les acusó de obstaculizar la causa con sus sistemáticas impugnaciones.

Los letrados argumentaron por el contrario que su acción respondía a su obligación por velr para que sus defendidos disfruten de un proceso sin dilaciones indebidas y que las pruebas practicadas por el instructor (la petición a la agencia tributaria de datos sobre las declaraciones fiscales del PSOE y la situación de sus cuentas bancarias) se orientaban a aspectos "que nada tienen que ver" con los encausados.

El tribunal sustituto reitera que no es el momento procesal oportuno para decidir sobre las validez de las diligencias practicadas y recuerda a los abogados que el tribunal sólo puededejar sin efecto una decisión similar cuando la prueba practicada sea "inútil o irrelevante para los fines y objeto de la concreta instrucción",lo que, a su juicio, "no es algo que se presente ahora de modo patente".

Sin embargo, la Sala cree conveniente recordar al instructor "la precisión de que, con su reconocida competenciooa profesional y acreditado celo, haga lo posible para poner fin a una fase (...) puramente provisional y preparartoria, facilitando así la celebración, sin dilaciones indebidas del proceso".

Marino Barbero ya fue increpadao por el tribunal recusado para que acelerase el proceso, que se instruye por el procedimiento abreviado, y especificara los indicios de delito existentes contra los aforados y la conveniencia de pedir permiso a las Cámaras para proceder contra ellos.

El magistrado decidió esperar a conocer el informe de los inspectores de Hacienda, que le entregaron sus conclusiones el pasado lunes, para pronunciarse al respecto y, ayer mismo, fuentes jurídicas estimron que aún tardará 15 días en decidir si finalmente solicita la tramitación de los pertinentes suplicatorios.