De este modo, se abre un corto periodo de tiempo para que tanto el Ministerio Fiscal como las defensas de los políticos aforados impicados en el caso del presunto cobro de comisiones ilegales puedan apelar el escrito de inhibición del titular del juzgado de instrucción número uno de Palma de Mallorca.

Dicho juez, Pedro Barceló, que instruyó desde el principio el llamado caso Túnel de Sóller, emitió el martes un escrito por el que se inhibía definitivamente de la causa en favor del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

Los políticos afectados son Antoni Mari Calbet, presidente del Consell Insular de Ibiza y Formentera, Jon Huguet, ex presidente del Consejo Insular de Menorca y actual presidente del Parlamento balear y presidente del PP balear, José Antonio Berastain, consejero de la Función Pública del Gobierno balear y el propio Gabriel Cañellas.

Los tres primeros aparecen en el sumario como titulares de las cuentas investigadas por la Policía en sendas sucursales del antiguo Banco de Ibiza y la Banca March.

El informe policial presupone que la empresa constructora del túnel de Sóller, propiedad de Antonio Quart-ex socio y amigo persona de Gabriel Cañellas- ordenó el ingreso en cuentas corrientes bajo la titularidad de los tres aforados por valor de 45 millones de pesetas a repartir.