Junto a Hormaechea, han sido procesados cinco miembros de su actual Ejecutivo autonómico, cuatro ex consejeros de su anterior Gobierno y un industrial.

Tras conocer la decisión judicial, el consejero de la Presidencia, el también procesado Roberto Bedoya, manifestó la intención del Ejecutivo cántabro de recurrir el auto y continuar en su cargo, al tiempo que afirmó que todos los procesados tienen derecho a la presunción de inocencia.

"Este auto tiene más que ver con lapolítica que con el procedimiento jurídico y el señor Tolosa deberá explicar su actuación", aseguró.

Según las conclusiones del juez, Juan Hormaechea es responsable de dos delitos de malversación de caudales públicos y cuatro de prevaricación, Roberto Bedoya de uno de malversación de fondos y cuatro de prevaricación, David Puebla de uno de malversación y dos de prevaricación y José Parra de tres de malversación y uno de prevaricación.

Rogelio Pérez deberá responder de un delito de malversación y os de prevaricación, Gonzalo Piñeiro de uno de malversación y tres de prevaricación, Alberto Rodríguez de uno de malversación y cuatro de prevaricación, Vicente de la Hera de cuatro de prevaricación y Roberto Conde de uno de prevaricación, al igual que Dionisio García.

Todos estos delitos fueron cometidos durante su pertenecencia al Ejecutivo regional, presidido por Juan Hormaechea, entre los años 1987 y 1990.

FALSEDAD Y ESTAFA

Asimismo, el magistrado ha dictado auto de procesamiento contra el ndustrial Francisco de la Riva, por un delito de falsedad de documento oficial y otro de estafa.

César Tolosa ha decretado la libertad provisional del presidente de Cantabria con una fianza de un millón de pesetas, mientras que para el resto de los procesados ha estipulado fianzas que van desde las 300.000 al medio millón de pesetas.

Además, el magistrado requiere, en concepto de responsabilidad pecuniaria, la cantidad de tres millones y medio de pesetas para Hormaechea y de veinte millones para odos los encausados como fianza solidaria.

El tribunal también pide al industrial De la Riva la cantidad de dos millones de pesetas, siendo responsable subsidiaria la empresa Oyprocansa.

Roberto Bedoya afirmó que aunque respeta la decisión del juez, discrepa sobre los puntos en que se basa el auto de procesamiento, "que no se ajustan a la querella inicialmente presentada contra la gestión del primer Ejecutivo de Hormaechea".

PRESUNCION DE INOCENCIA

Bedoya manifestó la intención del Gobiern de no dimitir. "Nosotros vamos a ejercer nuestro derecho a la presunción de inocencia, porque tenemos la convicción personal de que nuestra actuación ha estado siempre ajustada a derecho y esta querella tiene que ver, en su origen, más con el ámbito político que con el jurídico".

"Después de no poder procesarnos por ninguno de los asuntos planteados en la querella inicial, el auto se refiere a actos intranscendentes a los que se da transcendencia penal. Por lo tanto, César Tolosa deberá responder porqué", apostilló.

Tras ratificar que ni él ni el presidente han cometido ningún tipo de delito penal, informó que aunque no ha podido aún hablar con Hormaechea, que está de viaje en Méjico, éste no anticipará su regreso, previsto para finales de este mes.

Refiriéndose a los querellantes, los ex diputados Manuel Pardo, Juan González y Manuel Garrido y el líder regionalista Miguel Angel Revilla, aseguró que no dejarán el Ejecutivo en manos de "esos cuatro elementos".

"Dejar el Gobierno en sus mnos es temerario e impensable, sólo por el simple hecho de conocer a estas cuatro personas, y no como políticos, sino por su conducta moral en la vida cotidiana", dijo.

"Nunca", recalcó, "se nos podrá comparar con esos personajes faltos de criterio, que nunca nos podrán dar lecciones en cuestiones de moral".