La sanción, consistente en la privación de libertad durante tres meses, estuvo provocada por unas manifestaciones que realizó Joaquín Parra en 1989, cuando aún era miembro del instituto armado, y que fueronrecogidas por los medios de comunicación de Navarra, donde ofreció una rueda de prensa.

El fallo del tribunal recoge que el castigo no fue conforme a derecho por vulnerar al artículo 24 de la Constitución, referente a la protección jurisdicional y a la presunción de inocencia.

Sin embargo, el presidente del Sindicato Unificado de la Guardia Civil (SUGC) alegó que también fue violado su derecho a la libertad de expresión y consideraba que los cuerpos de seguridad del Estado no pueden regirse por l normativa disciplinaria prevista para las Fuerzas Armadas.

Asimismo, pedía una indemnización económica por las "deplorables condiciones" en que cumplió los tres meses de arresto, que, según él, pasó en un calabozo prácticamente incomunicado y sin poder hablar con nadie.

El Tribunal Militar no alude en su sentencia, que puede ser recurrida ante la Sala de lo Militar del Supremo, a que Joaquín Parra tenga derecho a recibir alguna compensación por el tiempo que estuvo encarcelado, pese a reconocer ue la sanción fue injusta.