Según la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, las empresas no han conseguido demostrar que la medida fuera discriminatoria ni que provocara dificultades serias que justificaran la apertura del procedimiento de investigación formal de la Comisión Europea antes de autorizarla.

También niega que hubiera incertidumbre alguna sobre la determinación exacta de los compradores de electricidad que podían beneficiarse de una exención, aunque se aplicara exclusivamente a los compradores del mercado mayorista que hubieran celebrado contratos de suministro de electricidad a un precio fijo antes del 26 de abril de 2022.

A este respecto, concluye que el objetivo de obtener una bajada de los precios de la electricidad en el contexto de una fuerte presión al alza de los precios de los combustibles es conforme con la finalidad de poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro, que constituye uno de los motivos por los que algunas ayudas pueden considerarse compatibles con el mercado interior.

Las empresas españolas denunciantes fueron PGI Spain, Berry Superfos Pamplona, Promens Packaging, RPC Envases y Zeller Plastik España.