Según informaron a Servimedia fuentes de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), que fue la organización que presentó la denuncia, la carta enviada por el Tribunal da un plazo de 10 días a las empresas para que remitan sus ventas, por o que la sentencia prevista en principio para la próxima semana podría retrasarse algunos días más.

El Tribunal de Defensa establece sus sanciones atendiendo, entre otras consideraciones, al tiempo que se ha prolongado la práctica irregular y al volumen de facturación afectado.

Fuentes de UPA recordaron que la investigación ha durado cuatro años y tuvo el visto bueno de la Dirección General de Defensa de la Competencia, dependiente de Economía, que abrió la denuncia a 49 industrias lácteas, ademá de la FENIL (Federación Nacional de Industrias Lácteas).

Para dicha Dirección, quedó "constatado que al menos de septiembre de 1991 a mayo de 1992, 49 entidades demandantes de leche de vaca aplicaron mes a mes idénticos precios base". El precio de la leche pagado a los ganaderos rondaba en esa época las 31 pesetas, y tras denunciar la UPA las presuntas prácticas irregulares, comenzó a subir hasta las 50 de media actuales.

Entre las industrias lácteas denunciadas, figuran Leche Pascual, Besnier Epaña, Clesa, Danone, Dhul, Iparlat, Lactaria Española, Larsa, Leyma, Nestlé, Pascual, Industrias Lácteas Asturianas, Kraft y Celbasa-Ato.