La denuncia de la UCE se dirige contra las asociaciones médicas de Otorrinolaringólogos, Pediatras, Anatomopatólgos, Cardiólogos, Análisis Clínicos, Endocrinos y Tocoginecólogos.

La investigación que realizará la Dirección General de Defensa de la Competencia tiene por objeto delimitar el alcance geográfico y temporal de las prácticas colusorias "y si hubo o no discriminación para todas las compañías de seguros o para alguna".

El Tribunal de Defensa de la Competencia no considera suficiente exculpación que las reuniones en las que presuntamente estas asociaciones fijaron ilegalmente sus precios se hicieranal amparo de la Ley de Colegios Profesionales de 1974.

"A juicio de este tribunal", señala la resolución a la que tuvo acceso Servimedia, "una cosa es la regulación directa de un honorario hecha por el Colegio y para todos los colegiados, y otra cosa muy distinta es favorecer acuerdos de precios entre algunos miembros de un colegio y terceros externos a los mismos".

El tribunal insta a averiguar "la importancia y pertinencia de los hechos denunciados y su imputación a los distintos miembros de lo colectivos que siguieron la práctica, así como de quienes directamente establecieron los elementos para que la misma fuese efectiva".