Los sectores a investigar, según explicó hoy en el Congreso el presidente del tribunal, Miguel Angel Fernández Ordóñez, son el suelo, las telecomuniaciones, el transporte de mercancías y viajeros, la energía eléctrica, las empresas de instalación y mantenimiento de gas, energía, electricidad y ascensores, y los monopolios municipales.

Entre estos últimos, Fernández Ordóñez puso el ejemplo de las funerarias y opinó que en España es "carísimo" enterrar a alguién por culpa de las restricciones que se aplican a la instalación de cementerios y traslado de cadáveres.

Respecto al suelo, la investigación que realizará el Tribunal de la Competencia petende averiguar si es posible introducir cambios legislativos que propicien su abaratamiento y, consiguientemente, el de las viviendas.

El precio de los pisos, reconoció Fernández Ordóñez, es en España muy elevado, incluso en comparación con países más desarrollados. "En Estados Unidos son espectacularmente más bajos", apostilló.

Del informe, para el que se recabará su opinión a los sectores afectados, quedarán excluidas la industria y la agricultura. Fernández Ordóñez justificó este planteamieno afirmando que, a su juicio, no cabe duda de que el problema de competitividad del sector primario y secundario radica en los elevados precios que deben pagar por los servicios que se les suministran.

"FALSEDAD ABSOLUTA"

Por otra parte, Fernández Ordóñez defendió nuevamente las recomendaciones contenidas en el informe sobre las profesiones tituladas, en el que el Tribunal de la Competencia aconseja al Gobierno suprimir la facultad de los colegios profesionales de fijar honorarios mínimos entre sus sociados.

Fernández Ordóñez dijo que es una "falsedad absoluta" afirmar que ese informe pretende acabar con los colegios profesionales, puesto que no recomienda la eliminación de la colegiación obligatoria ni la posibilidad de que existan más de un colegio por profesión.

Recordó que las recomendaciones efectuadas son cuatro: supresión de tarifas mínimas, libertad para hacer publicidad, libre establecimiento en cualquier punto de España y eliminación de restricciones organizativas como la que impie que un bufete de abogados haya más de 20 letrados.

En el turno de portavoces, este informe sólo recibió el apoyo explícito del Grupo Socialista, mientras que el Popular aseguró que es el producto de un "liberalismo tramontano" inspirado en las doctrinas de Adam Smith y Jovellanos.

Su portavoz, Enrique Fernández Miranda, dijo que el informe contiene "inexactitudes y falsedades", y que el ataque a los colegios se produce después de que numerosas candidaturas socialistas hayan fracasado en su inteto por controlarlos.

Igualmente crítico fue Francesc Homs, de Convergencia i Unió, quien calificó el documento de "ligero y demagógico", y consideró "preocupante" que la sociedad pueda quedarse con la idea de que los colegios son los responsables de la inflación.

Ramón Espasa, de Izquierda Unida, se mostró convencido de que problemas como el del suelo puedan resolverse con una política de estímulo de la competencia y dijo que la opción, en ese asunto, es eminentemente política y consiste en crearmás o menos suelo público, limitando el que quede libre para la especulación.

En su opinión, el mercado libre no existe ni en Estados Unidos, ni en Japón ni en Europa, y con medidas puntuales de lucha contra la competencia se corre el peligro de "perseguir a los pequeños y dejar en paz a los grandes".

Joaquín Abril Martorell, del CDS, advirtió del peligro de centrar toda la política económica en la lucha contra la inflación y mostró su extrañeza por la decisión del Tribunal de la Competencia invetigar sectores como las telecomunicaciones y la energía, "que están regulados en todo el mundo, incluidos Estados Unidos".