Tribunales
Tres exjefes de la Policía rechazan avalar que la empresa de Villarejo era una ‘tapadera’ al servicio del Estado
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La Audiencia Nacional retomó este lunes el juicio por tres de las piezas del ‘caso Tándem’ en el que el principal acusado es el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Este lunes comparecieron en la vista tres antiguos jefes de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional: Agustín Linares (1987-1994), Pedro Díaz Pintado (1996-2004) y Eugenio Pino (2012-2016). Ninguno de los tres avaló la teoría de que la empresa de Villarejo era una ‘tapadera’ para realizar labores de espionaje al servicio del Estado y tampoco reconocieron tener relación personal alguna con el acusado, más allá de la relación profesional.
Los tres exresponsables policiales declararon en calidad de testigos y trataron de restar relevancia a los escritos que remitieron al juez en 2018, en los que confirmaban la idea de que Villarejo se valía de un entramado de empresas para cumplir misiones oficiales.
Ha pasado tiempo desde entonces y las causas en contra de Villarejo han desvelado múltiples irregularidades y delitos. Por eso, tanto Linares como Díaz Pintado intentaron quitar importancia a esos escritos y aseguraron que no conocían en detalles sus actividades ni estaban al tanto de todo lo que hacían los miles de agentes que dependían de ellos.
Únicamente Pino reconoció que sabía de la existencia de esas empresas, aseguró que Villarejo era un elemento importante en la Dirección General de la Policía, pero dijo no estar al tanto de sus actividades, pese a lo cual dijo a preguntas de la Fiscalía que en algún momento advirtió al comisario jubilado de que “no podía tener empresas”.
Ninguno de los tres dijo tener relación de amistad con él. Linares aseguró no conocer sus actividades fuera de su tarea como funcionario, aunque recordó haber sabido por el propio Villarejo que “tenía una discográfica”, una “agencia de azafatas” y una compañía para peritaje de siniestros en instalaciones comerciales e industriales. Tras esta revelación le regaló “dos discos”, pero el exjefe policial no le dio mayor importancia.
Por su parte, Díaz Pintado reconoció que Villarejo no era el único que tenía empresas, aparentemente como ‘tapaderas’ de su trabajo para el CNI o la Policía. “Había dos o tres compañeros” que actuaban de manera similar y que era utilizados por la Policía para “hacer otras funciones”. No obstante, destacó que conoció al acusado tan solo un par de años antes de dejar su puesto.
La declaración más comprometida fue sin duda la de Eugenio Pino, que está procesado en la pieza ‘Kitchen’ del ‘caso Tándem’ relativa al presunto espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas. Él sí reconoció que sabía de las actividades de Villarejo. Dijo que ese tipo de agentes “viene de siempre (...), no aparecen por las comisarías y están pulsando un ambiente que es muy interesante. Se llaman antenas y existen". Con todo, insistió en que no conocía al detalle ni la actividad de Villarejo ni sus empresas.
El primero en declarar en la sesión del juicio fue Linares, quien explicó que Villarejo trabajó en la captación del traficante de armas Monzer Al Kassar, por sus contactos en el mundo de la venta de armas y en “el mundo islámico”, lo que le convertía en una persona interesante. En todo caso negó que la Policía contara con una brigada de inteligencia. Este punto desencadenó un enfrentamiento con Villarejo, que ejerce su propia defensa en el juico, y que en ese momento le estaba interrogando.
Linares llegó a retarle a que demostrara sus afirmaciones con alguna de las grabaciones que atesoraba, a lo que Villarejo le respondió que más de 1.000 cintas le habían desaparecido y llegó a aventurar que la habrían “garantizado” que justo las cintas que podrían respaldar su defensa no están en la causa.
Tras este rifirrafe, Villarejo dejó de interrogar como defensor y las preguntas a los otros dos exjefes policiales las formuló el letrado Antonio García Cabrera. Díaz Pintado sostuvo que tampoco conocía a fondo las actividades del acusado.
La declaración de Pino fue más jugosa. Explicó que su antecesor como DAO de la Policía, Miguel Ángel Fernández Chico, le recomendó mantener a Villarejo en su puesto por su capacidad para resolver problemas.
Sobre el informe realizado en 2015 por el inspector Fuentes Gago sobre las incompatibilidades del trabajo como policía y sus negocios privados, Pino dijo que se realizó “por petición expresa del director general de la Policía, Ignacio Cosidó”, y a instancias del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Según ese informe, Villarejo no había incurrido en irregularidades puesto que “no se requería compatibilidad” para gestionar “el patrimonio familiar”.
Tanto Linares como Díaz Pintado debían haber testificado en sesiones anteriores pero el tribunal optó por aplazar su comparecencia para que declararan el mismo día que Pino. La comparecencia de éste último se descartó en un primer momento, pero el tribunal acabó aceptándola dado que la solicitaban la defensa, la Fiscalía y la acusación popular ejercida por Podemos.
El motivo principal para rechazar la testifical de Pino tiene relación con el hecho de que está procesado por otra pieza del caso 'Tándem', lo que podría provocar un conflicto de intereses con su declaración como testigo. Los testigos tienen obligación de decir la verdad de lo que conocen, mientras que los acusados pueden modular sus declaraciones según sus intereses de defensa.
La declaración de los tres DAO de la Policía tiene que ver con el hecho de que Villarejo era un comisario que actuaba por libre, que no estaba adscrito a ninguna comisaría y que dependía directamente de las órdenes de los jefes operativos. Por tanto, son ellos los que habrían podido acreditar que era un agente encubierto, algo que no hicieron este lunes.
En este primer juicio de la macrocausa 'Tándem', Villarejo se enfrenta a una petición fiscal de 109 años de cárcel por los trabajos de espionaje realizados a través de Cenyt para empresarios y despachos de abogados valiéndose de medios policiales, por los que se habría llegado a embolsar un total de 23 millones de euros.
(SERVIMEDIA)
04 Abr 2022
SGR/clc