El estudio indica también que a largo plazo la aprobación del Plan Hidrológico Nacional (PHN) "es la única solución efectiva para satisfacer las demandas hídricas de la Cuenca del Segura".

El director del infore, Herminio Picazo Córdoba, dijo hoy a Servimedia que "en el plano jurídico se ha concluido que los trasvases Duero-Tajo y Ebro-Júcar-Segura pueden ser aprobados en acto legislativo independiente de la ley que aprueba el PHN, si la promulgación de éste continúa retrasándose".

Por otra parte, Picazo explicó que "a medio plazo se hace preciso emprender la construcción del Canal Jarama-Valdajos, Jarama-Bolarque o cualquier otro proyecto que permita liberar recursos de la cabecera del Tajo o inyectar agua de afluentes del mismo al trasvase Tajo-Segura".

El exhaustivo trabajo presentado propone, entre otras medidas, la ampliación de mejoras en la infraestructura y ordenamiento hidrológico de la cabecera del Tajo, con la construcción urgente de la torre de refrigeración de la Central Nuclear de Zorita, la terminación y puesta en marcha del cambio de toma del Canal de las Aves, la mejora de los regadíos del Alto Tajo y del Jarama y la depuración de las aguas residuales de los núcleos de población aguas ariba de Aranjuez.

Por otra parte, los expertos proponen la ordenación de los recursos subterráneos de la Cuenca del Segura y consideran preciso incentivar y facilitar los proyectos públicos y privados de desalación, tanto para abastecimiento urbano como para regadío.

El estudio, a cuya presentación asistió el presidente de Comité Nacional Español de Riegos y Drenajes y coator del trasvase Tajo- Segura, José María Martín Mendiluce, indica que "el principal problema actual de la Cuenca del Segura n son tanto sus ciclos de sequía, sino una falta estructural de recursos hídricos en comparación con sus demandas".

Añade que "debido a la falta de agua, los productores agrícolas en regadío de la región habrían dejado de percibir entre 11.000 y 20.000 millones de pesetas entre 1993 y 1994, respectivamente".

Las cifras citadas se incrementarían en un 45 por ciento teniendo en cuenta los efectos indirectos en otros sectores económicos que abastecen a la agricultura, es decir, unos 16.000 millones e 1993 y casi 30.000 en 1994. Esta reducción de la producción correspondería aproximadamente al equivalente de 5.000 empleos no generados en la producción agrícola en 1993 y a 8.500 en 1994.