El pasado 14 de marzo, la directora general de Consumo, Bibiana Medialdea, dictó una resolución donde argumentaba que, aunque la información solicitada tiene carácter público, ésta no estaba sometida a lo previsto en la ley de transparencia por serle de aplicación normativa específica.

Tras la reclamación ante Transparencia, el Consejo ha resuelto que, "en contra de lo indicado por el Ministerio requerido, resulta indudable que el acceso a la información solicitada se rige enteramente por el régimen jurídico establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (Ltaibg) y, en consecuencia, se ha de estimar la reclamación".

El fallo insta al departamento de Alberto Garzón a que remita en septiembre los convenios de colaboración firmados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y su sociedad instrumental OCU Ediciones SA, depositados en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) o la Dirección General de Consumo en los últimos cinco años, así como la relación de los presuntos ingresos económicos obtenidos en el marco de dichos convenios.

OCU forma parte de un grupo de organizaciones y sociedades mercantiles con sedes en España, Italia, Bélgica, Portugal, Brasil, Países Bajos, Luxemburgo y Hong Kong. La entidad no suele publicar el contenido de los convenios que mantiene con empresas y este tipo de acuerdos suelen incluir cláusulas de confidencialidad.

En la sección de transparencia de su web, la OCU indica que, "en determinadas compras colectivas", las empresas "pueden compensar a OCU Ediciones con una serie de aportaciones con la finalidad de sufragar una parte de los gastos" de las mismas.

RESPUESTA DE LA OCU

A raíz de esta resolución, un portavoz de la organización explicó a Servimedia que “OCU cumple sobradamente con todas las obligaciones legales respecto a todo y concretamente respecto a los convenios de colaboración regulados en la Ley General de Defensa de los Consumidores en su artículo 27". "No tenemos nada que añadir respecto a esta resolución, puesto que Transparencia en este caso afecta al Ministerio de Consumo", abundó.

"Dicho ministerio es depositario desde el inicio de todos los convenios que firma OCU como cualquier otra organización de consumidores y en estos convenios se recoge que se ha trasladado al ministerio su finalidad y todos los detalles relativos a las actividades que se van a llevar a cabo”, agregó.

La portavoz de la OCU insistió en que en su página web la asociación "informa a todos los consumidores, que realmente son los beneficiarios últimos de todas las acciones que desarrollamos en esos convenios cuya finalidad única es la información, formación y defensa de los consumidores, mejorando su posición en el mercado".

"Los consumidores son demandantes y, por tanto, lo que queremos es mejorar su posición respecto a empresas, compañías y servicios en los que tienen muchos problemas”, concluyó.