Zaplana respondió con este argumento, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Miistros, al ser preguntado sobre la capacidad que tendrán a partir del 1 de enero los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Municipal para retirar el permiso de conducir si entienden que una persona no está en condiciones de circular.

"Las medidas sancionadoras y punitivas previstas en nuestro ordenamiento en cuestiones de tráfico son muy leves en comparación con el resto de legislación en los países de la UE y las sanciones son muy inferiores a las contempladas en otros países", dijo.

Recaló que lo que persigue el Gobierno es tomar las decisiones que estén a su alcance para paliar el excesivo número de accidentes que se producen en las carreteras españolas.

Zaplana explicó que se trata de una medida "cautelar" que ofrece "todas las garantías" a la persona afectada, a pesar de que la medida aprobada en el Senado ha sido criticada incluso por expertos jurídicos.