Por segundo día consecutivo, las puertas de la factoría de Yanko en Inca permanecieron hoy cerradas y vigiladas por agentes privados de seguridad, mientras un centenarde trabajadores se concentraron ante la empresa esperando que abriera.

Ignacio Vega, inspector jefe de la Dirección Provincial de Trabajo, se desplazó hasta la fábrica para comunicar la desautorización del cierre empresarial, y tuvo que emplear un teléfono móvil prestado por un guarda de seguridad para comunicarse con José Jara, asesor jurídico y representante de Yanko.

Vega informó que "si Yanko no abre el lunes, se le podría sancionar con hasta 15 millones de pesetas por incumplir nuestro mandaiento administrativo al decretar un cierre empresarial no autorizado ni justificado", explicó.

Las actuaciones realizadas hasta el momento por Yanko y que son objeto de un expediente informativo, "podrían ser sancionables", según Vega quien recalcó que "ni la interpretación jurisprudencial aportada por la empresa es suficiente para justificar el cierre empresarial que sólo es admisible en casos excepcionales y éste no lo es".