Según la orden del 26 de junio del Ministerio de Trabajo que hoy publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), el crecimiento conjunto de los gastos de la Administración no podrá superar el incremento del IPC para el año que vine (2,6% según las previsiones oficiales).

Así, "por razones de obligada responsabilidad" se resalta la necesidad de acometer "una amplia revisión de los mecanismos de asignación de recursos". La contención del gasto de la Seguridad Social se realizará, por una parte, en las operaciones corrientes. La orden recuerda que en 1997 el déficit público no debe superar el 2,7% del PIB.

Por otro lado, Trabajo señala que "también las inversiones realizadas han de ser objeto de un riguroso análisis". Con ete fin, los proyectos inversores se presentarán en el anteproyecto de presupuestos de forma ordenada "en prelación decreciente".

La orden publicada en el BOE establece un plazo de veinte días para que las distintas entidades de la Seguridad Social presenten su primera previsión presupuestaria. Insiste además en que deben eliminarse aquellos gastos que no se justifiquen "para el funcionamiento eficaz de los servicios o para el cumplimiento de los objetivos a conseguir".

Estos esfuerzos se verán acmpañados "de una intensificación de la lucha contra el fraude, cuyas actuaciones se orientarán tanto a conseguir una correcta y oportuna liquidación de las cuotas devengadas, como a evitar una utilización indebida de la protección".