En rueda de prensa, Gómez afirmó que esta devolución "es justa" y que simplemente es la actualización de una ley aprobada en 1986, en la que se fijaba la devolución de estos bienes.

"Se ha procedido a actualizar el valor de los bienes a las organizaciones sindicales que acreditan su propiedad", explicó el secretario general.

CCOO ha hecho pública su oposición a este decreto, ya que considera que esta devolución supone un "agravio" contra el resto de sindicatos.

Para Gómez, la actitud de CCOO es "legítima", aunque subraya que el Gobierno "discrepa sobre sus consideraciones". El sindicato asegura que UGT no puede acreditar la propiedad de muchos de los inmuebles incautados.