Según informó el grupo confederal, se trata de sendas transacciones sobre dos enmiendas presentadas por Unidas Podemos y cuya finalidad es facilitar la supervivencia de proyectos empresariales que siguen siendo viables, a pesar de estar atravesando una fase de insolvencia que los pueda llevar a un concurso de acreedores, mediante el rescate por parte de los propios trabajadores, constituidos en sociedad laboral o cooperativa.

Una de las enmiendas transaccionadas remarca que los trabajadores interesados en comprar la empresa podrán formular una propuesta de adquisición mediante la constitución de sociedad cooperativa, laboral o participada, y que tendrá una especie de derecho de tanteo, al tener prioridad sobre otras ofertas cuando “la oferta sea igual o superior a la de las demás propuestas alternativas presentadas siempre que ello atienda al interés del concurso, considerando en el mismo la continuidad de la empresa, la unidad productiva y los puestos de trabajo, entre otros criterios”.

La otra enmienda transaccionada elimina uno de los principales escollos que existían para dicho rescate, al permitir algo que hasta ahora no era posible: que los trabajadores con voluntad de corresponsabilizarse del futuro de la empresa puedan capitalizar el tiempo que acumulaban de cotización al desempleo. Hasta ahora, al no poder computar ese tiempo, los trabajadores no podían rescatar su empresa, por falta de capital, teniendo que esperar a que dicha empresa estuviese liquidada para capitalizar el desempleo.

El diputado Roberto Uriarte, ponente de Unidas Podemos en esta norma, justificó que “las enmiendas acordadas no hacen sino atender el mandato del artículo 129.2 de la Constitución, que encomienda a los poderes públicos promover eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y las sociedades cooperativas, así como el acceso de las personas trabajadoras a la propiedad”.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha expresado reiteradamente su intención de avanzar en fórmulas para que los trabajadores participen de la propiedad y la gestión de las empresas en que trabajan, como ocurre en países como Alemania, Suecia y Reino Unido.