Según informó hoy el Comité de Empresa de Nuclenor, los trabajadores, a través de sus representantes sindicales, interpondrán recurso contra la resolución administrativa que se dicte, en caso de que no se conceda el permiso por 10 años tal como ha dictaminado el Consejo de Seguridad Nuclear. Asimismo, y si procede, solicitarán medidas cautelares.

Igualmente, "se está ultimando la preparación para presentar más de mil querellas (una por cada trabajador) contra el Gobierno por prevaricación, ya que se habla en el programa electoral del PSOE de vida útil, y la vida útil de Garoña, según el dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear, es hasta el 2019 o más". En las mismas se pide la responsabilidad subsidiaria del Estado por el lucro cesante correspondiente a los salarios que se dejarían de percibir.

Por otro lado, la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale) y la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) han convocado para mañana viernes, 26 de junio, en la central nuclear de Santa María de Garoña, a las organizaciones empresariales más importantes de los ámbitos nacional, regional y provincial "con la doble finalidad de realizar un pronunciamiento público en apoyo de la continuidad de la instalación y mantener un encuentro con los responsables y el Comité de Empresa de Nuclenor".