Torres busca un “acuerdo unánime” con todos los grupos políticos respecto al texto que se presente en la conferencia sectorial de Infancia y Juventud para modificar la norma antes del verano, según explicó junto al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

El ministro destacó que todos los grupos, a excepción del “no rotundo de Vox”, han aportado sus propuestas para discutirlas posteriormente en el seno de este encuentro que tendrá lugar en el archipiélago la próxima semana.

El titular de Política Territorial destacó que existe “acuerdo unánime” respecto a uno de los principales puntos del acuerdo como es la insuficiencia financiera. El acuerdo fija unos límites de capacidad de acogida de menores migrantes, a partir de los cuales se activaría la derivación, e incluye compromisos de financiación para las comunidades autónomas, que se serán explicados en la conferencia sectorial, según explicó el ministro.

La intención de Torres es que el texto sea aprobado por la mayoría de los grupos mediante “decreto o proposición de ley” para que las Cortes den el sí definitivo a esta modificación legislativa antes del verano. Según ha podido saber Servimedia y hasta el momento, el Gobierno central y el de Canarias no se ponen de acuerdo en la vía para aprobar la reforma.

DISPARIDAD DE CRITERIO

Por un lado, desde el Ejecutivo apuestan por que la norma se apruebe mediante un real decreto ley, cuya entrada en vigor sería inmediata, y el Gobierno central prefiere una proposición de ley.

Fuentes del gobierno canario sostienen que en el mes de julio se dará un Pleno extraordinario donde podría encajar el debate para sacar adelante la reforma.

Por su parte, Clavijo destacó el ánimo “constructivo” del PP y confió en el apoyo unánime de las comunidades autónomas porque el texto recoge los consensos de la última conferencia sectorial de 2022.

Sin embargo, entonces el reparto no era obligatorio, sino voluntario, y los presidentes autonómicos eran mayoritariamente socialistas. A esto se suma la amenaza de Vox de romper las relaciones con los populares en los territorios donde ambos gobiernan de manera conjunta.